Multiplicidad normativa en los procesos sancionatorios por infracción a normas sanitarias

Artículo de investigaciónEl presente artículo contiene el análisis de las disposiciones en que en se apoyan las Secretarías de Salud del país para adelantar las investigaciones administrativas e imponer las correspondientes sanciones, si hay lugar a ello; la diversidad de normas aplicables para casos similares, las diferentes formas de aplicarlas y se termina exponiendo un punto de vista final, relacionado con los riesgos en que puede estar incursa la administración por la forma en que adelanta este tipo de actuaciones y aplica las sanciones y procedimientos correspondientes.INTRODUCCIÓN 1. MARCO CONCEPTUAL 1.1DE LA REGULACIÓN EN LA ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA 1.2. PRINCIPIO DE LEGALIDAD 1.3. FACULTADES REGLADAS Y DISCRECIONALES DE LA ADMINISTRACIÓN 1.4. DE LA FUNCIÓN ADMINISTRATIVA 1.4.1 DE LAS FACULTADES DE POLICÍA ADMINISTRATIVA 2. FACULTAD SANCIONATORIA DE LAS SECRETARÍAS DE SALUD 3. REGULACIÓN DE LA FACULTAD SANCIONATORIA DE LAS SECRETARÍAS DE SALUD. 4. ANÁLISIS SOBRE LA SANCIÓN APLICABLE5. DEL TRÁMITE DE LAS INVESTIGACIONES ADMINISTRATIVAS EN LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD DE BOGOTÁ 6. CONCLUSIONES 7.BIBLIOGRAFÍAPregradoAbogad

EL DEBIDO PROCESO SANCIONADOR FRENTE A LA NORMA ESPECIAL QUE 2 REGULA EL TÉRMINO DE LA ETAPA PROBATORIA EN LOS PROCESOS SANCIONATORIOS DE RÉGIMEN SANITARIO EN COLOMBIA

La presente investigación jurídica se realiza con el fin de analizar el cumplimiento de los términos procesales para la etapa probatoria de los procesos sancionatorios del Invima en atención a la Ley 1437 de 2011, como garantía al debido proceso administrativo. Como consecuencia de dicho análisis, crear una herramienta administrativa para la autoridad sanitaria de Colombia en defensa a sus intereses, en razón a prevenir el daño antijurídico para la Administración ante la expedición de actos administrativos proferidos presuntamente con la vulneración al principio de debido proceso sancionador en dicha materia. Este estudio se hace necesario para la administración en aras de mitigar el riesgo al daño antijurídico ocasionado por el reconocimiento judicial y patrimonial de condenas a la Administración, así como, establecer un mecanismo que vele por los intereses jurídicos de los titulares de los procesos sancionatorios en su derecho y garantía al debido proceso, teniendo en cuenta que el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, es una herramienta que permite a los ciudadanos impugnar actos administrativos que consideren que violan sus derechos. Cuando se utiliza este medio y se logra obtener una condena de nulidad y restablecimiento del derecho, puede haber consecuencias patrimoniales para la administración pública, como la obligación de pagar indemnizaciones, restituir bienes, reconocer derechos, entre otros. Sin embargo, es importante tener en cuenta que, en algunos casos, el reconocimiento judicial y patrimonial de estas condenas puede generar un riesgo al daño antijurídico. Esto ocurre cuando la administración pública no cuenta con los recursos financieros para cumplir con la obligación impuesta por la sentencia o cuando el cumplimiento de la sentencia puede afectar el interés público de manera desproporcionada. Por lo tanto, es importante mitigar este riesgo al daño antijurídico a través de medidas 11 que permitan un cumplimiento efectivo de las obligaciones impuestas por la sentencia, sin poner en peligro la estabilidad financiera de la administración pública o el interés general. Esto puede implicar la implementación de políticas públicas que permitan prever y gestionar adecuadamente el riesgo financiero, o la adopción de medidas que limiten el impacto de la sentencia en el interés general, siempre y cuando estas medidas no vulneren los derechos fundamentales de los ciudadanos afectadosUNIVERSIDAD LIBRE DE COLOMBIA- FACULTAD DE DERECHO-MAESTRÍA EN DERECHO ADMINISTRATIV

Las medidas preventivas ambientales, una aproximación desde el derecho administrativo

Las medidas preventivas previstas en el régimen sancionatorio ambiental sonuna especie de las medidas cautelares consagradas en el ordenamiento jurídicocolombiano, aunque con algunas particularidades propias de su ámbito deaplicación, que es el derecho ambiental. El artículo realiza una aproximaciónrespecto al contenido, alcance, antecedentes y justificación de las medidaspreventivas ambientales desde la óptica del derecho administrativo y comomanifestación de una de las funciones del ejecutivo, cual es el mantenimientodel orden público

Aplicabilidad de las funciones de inspección, vigilancia y control en seguridad y salud en el trabajo en Norte de Santander

Esta investigación tuvo como propósito analizar la aplicabilidad de las funciones de inspección, vigilancia y control en seguridad y salud en el trabajo en Norte de Santander. Se tomó como referente las disposiciones normativas vigentes enmateria laboral en Colombia para poder verificar el cumplimiento de las funciones de los inspectores de trabajo aplicado a las empresas nortesantandereanas; para así, evaluar la eficacia y eficiencia del control de estos requisitos legales. Dentrode los principales resultados obtenidos, se obtuvo que a septiembre de 2019, de las 40.923 empresas formalmente inscritas ante la Cámara de Comercio de Cúcuta, se encuentran 17.826 afiliadas a las Administradoras de Riesgos Laborales,equivalente al 44% de la cobertura al Sistema General de Riesgos Laborales; el Ministerio de Trabajo de la Dirección Territorial del Norte de Santander cuenta con 26 inspectores de trabajo, de los cuales 22 tienen facultad funcional en laciudad de Cúcuta y 4 en los municipios del departamento, es decir, que para el período 2019, se debió realizar visitas de inspección en el ejercicio de la función previsiva a 1.574 empresas por cada inspector, con un indicador de 6 empresasdiarias

Función de policía administrativa del estado colombiano frente a la vigilancia y control de medicamentos biotecnológicos

La presente investigación busca establecer la función de policía administrativa que debe cumplir el Estado colombiano frente a la vigilancia y control de medicamentos biotecnológicos, entendiendo la expresión función de policía administrativacomo una institución que propende por prevenir, mantener y garantizar la salubridad pública, dictando las normas que sean necesarias para regular la importación, fabricación y comercialización de medicamentos biotecnológicos, también como gestión administrativa que autoriza o prohíbe a los fabricantes e importadores la comercialización de estos productos, y desde la noción de encarnar en sí misma la posibilidad de ejercer materialmente del uso de la fuerza y la ejecución del poder de policía en caso de ser necesario, imponiendo medidas de seguridad o sanciones a quienes infrinjan las normas sanitarias. También se hace un análisis de las diferentes normas, entidades e instituciones que regulan la vigilancia y control de medicamentos en Colombia, para finalmente estudiar el actual proyecto de decreto que se encuentra en discusión y que buscará reglamentar los medicamentos biotecnológicos de acuerdo con los estándares internacionales ordenados por la Ley 1438 de 2011

El Servicio Nacional del Consumidor de Chile (Sernac) y los reguladores sectoriales: buscando mecanismos para una mejor coordinación

The majority of Chilean agencies monitoring specific markets have developed a systemic approach that leaves consumer protection in a secondary place. Simultaneously, the authority of the Consumer Protection Agency (National Consumer Service, ‘Sernac’, by the Spanish acronym) to monitor those specific markets has been growing during the last decade. The current bill reforming the Consumer Protection Law continues this trend of splitting the regulatory function, strengthening the Sernac’s powers to oversee matters related with the conduct-of-business of regulated firms, while maintaining a bureaucratic framework whose main target is the prudential regulation. The paper develops a conceptual framework directed to understand and solve the coordination problem arising from this kind of institutional design.En Chile, la generalidad de los reguladores sectoriales privilegia un enfoque sistémico dentro del cual los consumidores ocupan un lugar secundario. Paralelamente, la capacidad del Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) para intervenir en mercados regulados ha crecido durante los últimos diez años. El actual proyecto de Ley del Consumidor continúa con esta tendencia de separar la función regulatoria, entregan- do mayores atribuciones al Sernac para encargarse de los aspectos conductuales, pero manteniendo un entramado institucional (superintendencias), cuyo foco principal sigue estando en los aspectos prudenciales. Este trabajo propone un marco conceptual para comprender y solucionar los problemas de coordinación administrativa que resultan de este diseño institucional

FORMACIÓN DEL DERECHO DISCIPLINARIO Y SU PROYECCIÓN EN COLOMBIA. Análisis de la función preventiva y correctiva de la sanción disciplinaria en la Contraloría General de la República

Al expedir el nuevo Código Disciplinario Único, el legislador le atribuyó a la sanción disciplinaria la misión de garantizar la efectividad de los principios y fines previstos en la Constitución, la ley y los tratados internacionales, que se deben observar en el ejercicio de la función pública. Surge esta apreciación del contenido del artículo 16 de la Ley 734 de 2002, norma que dota a la sanción disciplinaria de una función preventiva y correctiva, en cuanto su propósito se focaliza en la selección de los servidores públicos que estén dispuestos a cumplir y hacer que se cumpla la voluntad inscrita en la Carta Fundamental, y demás disposiciones normativas que operan dentro de nuestra organización jurídica. En caso contrario, emerge como la herramienta que el legislador ha dispuesto para separar del servicio a quienes no se ajustan a tales mandatos

Análisis de la normativa administrativa sancionadora aplicada por la Superintendencia Nacional de Salud a partir de los principios del DAS desarrollados por la doctrina constitucional colombiana

En Colombia el Estado debe garantizar la prestación del servicio del derecho a la salud, fundado sobre principios de Integralidad, Unidad, Solidaridad, Eficiencia y Universalidad, empero grandes son las dificultades que atraviesa el SGSSS del país. Motivó esta investigación que consideré urgente realizar un estudio del Ius Puniendi Administrativo, fijando como objetivo “Analizar la normativa administrativa sancionadora aplicada por la Superintendencia Nacional de Salud a partir de los principios del DAS desarrollados por la doctrina constitucional colombiana”, para alcanzarlo se desplegó un análisis documental, doctrinal, legal y jurisprudencial, sumado a la obtención de información institucional, mediante el uso de acciones constitucionales. Encontrándose que el Derecho Administrativo Sancionador en materia de salud presenta grandes deficiencias, que impiden el cumplimiento de sus fines, pues la normatividad que gira en torno a las sanciones no disuade a los sujetos pasivos y, lejos de evitar la comisión de infracciones, son un incentivo al incumplimiento; aunado a ello, el Superintendente posee un vasto poder discrecional con el cual puede favorecer o dañar a un vigilado a su arbitrio, afectando más que a los sancionados, al Estado y a los usuarios

Redes sociales sobre gobernanza estatal: análisis de las relaciones entre actores del estado en el marco de la expedición Santander Bio

En el análisis sobre instituciones formales, es decir, el conjunto de normas, reglas y estrategias establecidas a través de las leyes y la normatividad en el marco de la expedición Santander Bio surgieron diferentes niveles como los actores estatales se relacionan en el nivel nacional y el local. Este informe pretende dar cuenta de cómo es esta relación desde dos perspectivas: la normativa en donde se encuentran establecidos los límites y funciones de cada uno de estos actores y desde la red aplicada, que contrasta los usos que estos actores le dan a las normas, reglas y estrategias. La pretensión principal fue reconocer la gobernabilidad sobre el agua y los bosques, y encontrar vías para transitar hacía una gobernanza ambiental efectiva.BogotáCiencias sociales y saberes de la Biodiversida

Los delitos de quiebra

Esta publicación tiene por finalidad describir e indagar el sistema sancionatorio en general que implica la declaración de quiebra, en especial el régimen penal que el ordenamiento jurídico prevé para sancionar las conductas que han llevado a dicho estado, que se cometen en el marco de un proceso falencial o en otros procesos de naturaleza concursal. Sobre el mismo, resulta curioso que a lo largo de los años exista una disparidad de criterios en cuanto a qué tipo de sanciones deben aplicarse al quebrado, si es que se considera que debe aplicarse alguna. Así, se indaga sobre la evolución habida en los ordenamientos jurídicos, tendientes al paso de la “quiebra-sanción” a la “quiebra-remedio”. Ello demuestra que nos encontramos ante los dos extremos: el represivo, arcaico y hasta tildado de “salvaje, brutal y primitivo” sistema romano, al actual caracterizado por la liviandad de sus sanciones o directamente la ineficacia de las previstas, que podría sintetizarse como que ha pasado “de la picota a la impunidad”. Esto último, no es una cuestión baladí, ya que ha contribuido a consecuencias no queridas, como lo es la proliferación de las denominadas quiebras de papel, la comisión de conductas que configuran verdaderos abusos del derecho en el marco de procesos concursales, entre otros fraudes en claro perjuicio a terceros. Para ello, en la primera parte de esta obra se abordan los antecedentes históricos de la regulación jurídica de la quiebra y los primeros atisbos de los procesos concursales, los antecedentes legislativos en nuestro país y se esbozan algunas consideraciones sobre la regulación de los mismos en el Derecho comparado. Para tal cometido, se pasa revista por los antecedentes que dieron origen mutatis mutandi a lo que hoy consideramos como procesos concursales, en especial sus aspectos represivos, todo ello en pos de comprender la evolución habida y el porqué de la legislación actual. En la segunda parte, se advierte sobre el régimen dual de sanciones y se profundiza sobre el sistema sancionatorio de la ley concursal actual. En la misma, se ahonda en las remisiones y relaciones entre ley concursal con la ley penal, en el actual régimen de inhabilitación falencial -objetivo, automático y de corta duración- en contraposición con el otrora vigente basado en la calificación de conducta del fallido, en las otras sanciones que la misma prevé y sobre las otras previstas en el universo del plexo normativo vigente en nuestro país. Por último, en la tercera parte se expone la faz penal de la quiebra, caracterizándose los delitos relacionados a la falencia y exponiéndose los sistemas legislativos existentes en relación al modo de regular las sanciones penales. Al efecto, se destaca y machaca que desde el punto de vista jurídico no debe considerarse un delito, ni al fallido un delincuente por el mero hecho de quebrar, sino que lo que se castigan son ciertas conductas que han llevado a dicho estado económico o que se ejecutan durante el mismo en perjuicio de sus acreedores. A su vez, se profundiza sobre la importancia del fundamento y del bien jurídico que se tutela con la tipificación de este tipo de delitos. Al propio tiempo, se efectúa un profundo análisis dogmático y exegético de los tipos penales previstos en el Código Penal vigente en nuestro país, se mencionan algunas cuestiones procesales y otras relacionadas con estos delitos, proyectos de reforma de la legislación penal y se exponen algunos textos legales vigentes en el Derecho comparado en relación a los delitos concursales. En especial, en esta última parte se efectúa un análisis crítico, conjunto y paralelo de la normativa penal con la concursal, destacando las remisiones y conexiones entre las mismas, así como efectuando comparaciones, concordancias, destacando los desfasajes y/o discordancias tanto entre las mismas como con legislaciones comparadas, tomando o exponiendo opiniones doctrinarias autorizadas, antecedentes, pronunciamientos de la actividad pretoriana, estadísticas actuales y los últimos proyectos de reforma. Todo ello a los efectos de advertir cuál o cuáles son las causas que conllevan a la evidente ineficacia o inoperancia de las sanciones previstas para los quebrados en general y en particular las de linaje penal, y así contribuir a repensar el sistema sancionatorio previsto para quienes son declarados en falencia, el cual sin hesitación alguna debe ser modificado.Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociale